Sin embargo, el uso que le dan, al menos de acuerdo con distintas legislaciones, debería estar regulado.

as instituciones públicas que piden una tarjeta de crédito corporativa repiten siempre la misma promesa. La fórmula está calcada en las solicitudes que envían al Ministerio de Hacienda: la tarjeta se usará «únicamente en pagos en línea de las suscripciones y servicios tecnológicos de la institución que solo admiten pagos por esta vía».

Este instrumento financiero común, al alcance de cualquier ciudadano, es también utilizado a nivel estatal para ejecutar ciertos pagos. Sin embargo, el uso que le dan, al menos de acuerdo con distintas legislaciones, debería estar regulado.

Enviamos más de 30 solicitudes de acceso a la información pública a instituciones estatales que manejan grandes presupuestos con tres preguntas simples: si tienen tarjetas de crédito corporativas, a nombre de quién están y qué gastos realizan.