La reforma del Código Penal debe garantizar la libertad de expresión sin dejar desprotegido el derecho al honor frente a acusaciones falsas

Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar. Por eso, el Congreso Nacional debe revisar con cuidado la iniciativa enviada por el presidente Abinader sobre difamación e injuria en el nuevo Código Penal. Si se aprueba sin ajustes, funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar sin una protección efectiva frente a acusaciones falsas.

La libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos deben ser defendidos. Sin embargo, criticar o denunciar no equivale a atribuir hechos falsos que dañen el honor, la reputación o la credibilidad de una persona, empresa o institución.

La Constitución reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, pero también exige respetar el honor, la intimidad y la dignidad de los demás. Proteger la libertad de expresión no significa permitir que se destruya injustamente el buen nombre de alguien sin consecuencias.