La drástica caída del financiamiento público provocó que 30% de los niños y adolescentes venezolanos no asistiera regularmente a clases durante 2025 debido a fallas estructurales, ausencia de docentes y falta de comida

El 14 de mayo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su balance anual Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia. El documento expone una radiografía profunda y alarmante de la emergencia humanitaria compleja que padece el país, evidenciando el serio retroceso en las garantías fundamentales de la población.

Sin embargo, al desglosar cada derecho vulnerado, la investigación revela un núcleo especialmente crítico: el colapso financiero e institucional del sistema educativo formal. Esta asfixia presupuestaria no solo debilita las bases del desarrollo nacional, sino que condena a las nuevas generaciones a un estado de desprotección y vulnerabilidad sin precedentes.

La asfixia presupuestaria: una política de desinversión sostenida

El hilo conductor del deterioro escolar en Venezuela se resume en una variable: el presupuesto público. La Constitución del país establece, en los artículos 102 y 103, que el Estado debe asumir la educación como una «función indeclinable» y realizar en ella una «inversión prioritaria» siguiendo directrices internacionales. La realidad que documenta Provea va en la dirección opuesta.

De acuerdo con análisis de Transparencia Venezuela recopilados en el informe, la asignación de recursos destinados conjuntamente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior ha sufrido caída drástica:

Año presupuestarioPresupuesto Educación (%)Presupuesto Ed. Superior (%)Presupuesto total del sector (%)
202211,14%4,02%15,16%
202318,60%5,74%24,34%
202410,25%2,60%12,85%
202510,23%2,55%12,78%

En 2025, el gasto total dedicado a la educación representó apenas 12,78% del presupuesto nacional. Esta cifra se ubica muy por debajo del mínimo de 20% recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con el fin garantizar estándares mínimos de calidad y accesibilidad.

Esta drástica reducción presupuestaria ha pulverizado la capacidad operativa del sector, coincidiendo temporalmente con la publicación de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2025 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El estudio independiente ratifica que si bien la pobreza extrema monetaria se redujo a 38,5% y la pobreza total se ubicó en 76,5% (lejos del techo de 94,5% de 2021), las privaciones no monetarias –es decir, el colapso de los servicios públicos, las viviendas y el sistema educativo– han ganado un peso alarmante en la determinación de la pobreza multidimensional de las familias.

Aulas vacías: 30% de los estudiantes no asiste regularmente a clases

La consecuencia directa del abandono presupuestario estatal es el ausentismo. A pesar de los esfuerzos propagandísticos del Ministerio de Educación a través de redes sociales para proyectar normalidad y la supuesta erradicación del «horario mosaico», los indicadores independientes muestran brechas alarmantes.

Los diagnósticos comunitarios de la plataforma HumVenezuela integrados en el informe revelan que 30,2% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Venezuela no asistió regularmente a clases durante el período escolar de 2025. El restante 69,8% que asiste enfrenta un entorno hostil de carencias estructurales múltiples. Por su parte, la Encovi 2025 eleva la cifra de irregularidad en la asistencia escolar hasta 44%, advirtiendo que un estimado de 1,2 millones de menores de edad permanecen completamente fuera del aparato escolar formal.